Los Presupuestos Generales de 2018 incorporan una bajada del IVA de las PEVs hasta el 4%

Septiembre ha llegado y con él, el momento de hacer balance de todo lo acontecido durante los meses estivales. Una de las novedades más significativas y de la que sin duda podemos congratularnos es la reducción del IVA para servicios de dependencia financiados con fondos públicos, recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 y que ha entrado en vigor el pasado 5 de julio.

Hasta el momento el tipo impositivo del 4% solo se aplicaba a las prestaciones de servicio que se efectuaran como consecuencia de una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), cuando ésta cubría más del 75% de su precio. A partir de ahora, las personas que perciban una PEVS y ésta suponga como mínimo el 10% del total del precio del servicio, podrán acogerse también a esta reducción del IVA; se pasará a aplicar por tanto el 4% y no el 10%, como se venía haciendo hasta ahora. Es decir, se hace extensible la aplicación del tipo del 4% a casi la totalidad de las prestaciones.

La nueva medida ha rebajado el tipo de IVA del 10% al 4% para todos aquellos servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial cuya Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) cubra al menos el 10% del coste de dichos servicios. Hay que recordar que hasta ahora la ayuda tendría que superar el 75%

Se trata de una medida a todas luces tan positiva como necesaria, de la que se estima que se beneficiarán unas 120.000 en toda España o, lo que es lo mismo, en torno al 10% del total de personas que reciben prestaciones y servicios relacionados con Dependencia. En cifras, esta bajada se traducirá en una reducción de entre 80 € y 100 € sobre el precio final que el usuario paga por servicios de residencia al mes.

Si bien es cierto que los beneficios de esta reducción no se notarán por igual en todo el territorio español. Dado que cada Comunidad Autónoma ha establecido su propio sistema de Atención a la Dependencia tomando elementos de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia (LAPAD), no todas aplican por igual la figura de la Prestación Económica Vinculada y por tanto el número de beneficiaros oscilará notablemente entre unas comunidades y otras.

Tampoco se pueden obviar las personas que quedan excluidas de esta reforma: personas que no están valoradas de Dependencia; aquellas que sí lo están, pero no tienen reconocido Cheque Servicio y, por último, todas aquellas que si tienen reconocido en su Plan Individual de Atención (PIA) el Cheque Servicio, pero la cuantía de este no llega a suponer el 10% del coste total del centro.

Estamos por tanto ante una medida necesaria pero que esperamos, solo sea el primer paso hacia otras reformas en las que no se excluya a ninguna persona dependiente, en función de la prestación económica que recibe, permitiendo así avanzar en la igualdad de oportunidades, favoreciendo la conciliación de las familias, su corresponsabilidad y promoviendo la salud.