Cada 15 minutos fallece una persona dependiente sin haber recibido la prestación que tenía reconocida

Más de 100 personas dependientes fallecen diariamente (o lo que es lo mismo 1 cada 15 minutos) sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la Administración les había reconocido. Fueron 38.000 durante 2017 y formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, según el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales .

Este mismo informe señala que al finalizar 2017, 310.120 personas (24,5%) estaban en lista de espera para ser atenidas por el Sistema. Aunque son 51.078 menos que en 2016, a este ritmo, aseguran desde el Observatorio, se tardarían más de cuatro años en atender la actual lista de espera. Resulta especialmente preocupante que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38,8%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 120.378 personas. Resulta así que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (dependientes moderados) y con servicios de bajo coste. Este incremento se ha centrado en los servicios de atención de más baja calidad, como la teleasistencia, a costa de la reducción de las prestaciones para el cuidado de familiares y la rebaja de las cuantías de estas. Con esta tendencia se puede crear un "sistema low cost de dependencia", alerta desde La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Además, alertan de que un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 20% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 80% restante. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros.